Por una falta administrativa, calificada como grave y con un detrimento al erario público
VILLAGRÁN GTO.
podría no llegar a ocupar el cargo y no precisamente por no obtener el mayor número de votos en el proceso de elección, sino porque el Ayuntamiento local dictaminó inhabilitarlo por espacio de 4 años al considerar que incurrió en “conductas prohibidas por la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios”.
Y es que tras un dictamen presentado por la Contraloría Municipal quien de forma oficiosa inició una investigación y procedimiento administrativo contra el hoy ex funcionario, el cuerpo edilicio conformó una comisión especial para dar seguimiento al caso, la cual quedó conformada por el síndico Ramón Salazar y los regidores Irma Gasca Peña, Ernesto Subías, Concepción Montiel, Javier Aguilar Rodríguez y J Ventura Morales Cuevas.
Esta comisión a su vez, en la pasada sesión de Ayuntamiento propuso que tras la conducta acreditada como falta administrativa, la cual debía calificarse como grave y con un detrimento al erario público por 12 mil pesos, y tras un análisis de los elementos probatorios acopiados, se determina que el entonces funcionario actuó de manera dolosa y aprovechándose de su cargo, porque registró como beneficiaria del servicio médico del municipio a Carmen de Lourdes Miranda Vargas sin tener derecho a ello por no ser empleada municipal y a quien se le practicó una cesárea y atención medica relativa.
La sanción que se impone entonces, fue el impedimento absoluto para volver a ejercer un empleo, cargo o comisión públicos durante la temporalidad de 4 años a partir de que cause efecto la presente resolución además de estar obligado a resarcir los daños ocasionados al erario público en no más de 10 días por los 12 mil pesos mencionados.
HECHOS
La “beneficiaria” sí era empleada municipal pero fue dada de baja el 30 de junio del 2011, por lo que ya no tenía derecho a recibir atención médica, sin embargo Alanís Mosqueda volvió a girar alta para recibir el servicio causando daño al erario público, por lo que mediante oficio fechado el 10 de abril se le notifica a Eduardo Alanís que presente un informe justificado, sin embargo al 19 de abril se da el vencimiento sin que obre en autos, el informe requerido.
Un día después, envió documento para justificar no presentarse a un desahogo de pruebas por motivos de salud, adjuntando una receta médica expedida por el Dr. Alfredo Pérez Sánchez, otorgándose nueva fecha para el 24 del mismo mes, sin embargo de nueva cuenta no se presentó.
El funcionario fue destituido el pasado 15 de marzo por el Ayuntamiento al iniciarse dicha investigación y tras la denuncia pública de los hechos, lo cual incluso causó también una denuncia penal que sigue su curso en la Procuraduría de Justicia.
Cabe señalar que esta inhabilitación solo se da por el caso específico citado, sin embargo en la denuncia pública también se habló de falsificación de documentos (vales de gasolina para incrementar su monto) y la supuesta falsificación de firmas de la tesorera Teresa Mendoza y del propio Alcalde Hugo García Carmona para condonar infracciones de vialidad.