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Guanajuato.-
A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, la diputada Cristina Márquez hizo un llamado a la Fiscalía General de la República para que trabaje y funcione con rapidez y objetividad ante las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante la revisión del uso de recurso público federal.
La legisladora señaló que, en el informe entregado por el Auditor David Colmenares, se detectaron diversas inconsistencias en el manejo de recursos por parte de dependencias federales.
“La ASF estimó que durante el 2020 hubo una afectación de más de 3 mil 500 millones de pesos en México por el mal manejo de los recursos públicos que habrían hecho por lo menos cinco dependencias federales”, subrayó.
En este sentido, hizo énfasis en el caso del organismo descentralizado de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Liconsa y Diconsa, el cual se encarga del acopio y distribución de alimentos básicos en el país, sobre todo en comunidades pequeñas y marginadas, y en el que se encontraron “agujeros” inexplicables que suman más de 8 mil 600 millones de pesos.
Asimismo, habló de la falta de control entre el número de vacunas de Pfizer que entraron y salieron del Instituto Nacional de Cancerología, donde eran resguardadas al principio de la emergencia sanitaria.
Comentó que la Auditoria también advirtió que en el proceso de la distribución de las vacunas hay irregularidades en las cifras que presentaron los coordinadores de la Brigada Especial de Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Puebla y Sonora.
Además, la diputada cuestionó el destino de las mil 870.3 toneladas acero del anterior aeropuerto de Texcoco consideradas como desperdicios y que se encuentran en los almacenes de los proveedores encargados de su transformación.
“Como sociedad, estaremos no sólo atentos, sino vigilantes, para que se tengan las respuestas a los cuestionamientos o misterios. Lamentamos que se tenga un desorden y una falta de respeto a la Ley. Esto es una trastornación, es un evidente fraude a la Ley, es un mito el llamado combate a la corrupción. Los hechos son tan notorios que no podemos ya creer en sus palabras”, acentuó.
Por su parte, el legislador Armando Rangel respaldó la solicitud de su compañera de bancada y lamentó que en uno de los organismos que se encargan de atender a uno de los sectores más desfavorecidos como lo es la Segalmex se hayan encontrado desfalcos millonarios.