- Prisión para quienes comentan o participen en operaciones con recursos de procedencia ilícita: diputada Cristina Márquez
“Hay una urgente necesidad de tener este delito dentro del Código Penal del Estado para que podamos estar en posibilidades de actuar conforme a lo establecido, castigando a los que lastiman a nuestra sociedad por medio de estas operaciones”, señaló la Presidenta de la Comisión de Justicia, la diputada Cristina Márquez Alcalá.
Lo anterior, lo manifestó en el marco de la reunión de la Comisión de Justicia del Congreso local donde se aprobó, por unanimidad, el dictamen en sentido positivo de la iniciativa que reforma el Código Penal, en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que presentó el titular del Ejecutivo, Diego Sinhue.
Márquez Alcalá agregó que el objetivo de la iniciativa es tipificar los delitos que resulten de las operaciones con recursos de procedencia ilícita con penas que van de entre 5 a 15 años de prisión.
“Lamentablemente estas acciones están dañando a los guanajuatenses, por lo que no podemos dejar abierta por más tiempo la posibilidad de que sigan afectando a la sociedad”, comentó.
La legisladora resaltó la participación en la reunión del Supremo Tribunal de Justicia, de la Fiscalía General y de la Coordinación General Jurídica, quienes enriquecieron la propuesta con sus aportaciones y comentarios.
Así mismo, mencionó que dentro de la iniciativa existe un agravante que señala que quien cometa o participe en este delito sea un servidor público adscrito a las áreas de prevención o procuración de justicia, entre otros, la sanción se incrementa hasta alcanzar los 20 años de cárcel.
Por su parte, la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, integrante de esta instancia legislativa, dijo que de lo que se trata es castigar estas conductas ilícitas, a lo que agregó “tenemos que dar seguimiento a cómo se va moviendo el dinero, de lo contrario van a seguir delinquiendo y van a tener los elementos para seguir haciéndolo, tienen la riqueza económica para irse moviendo y operando no solo en el Estado sino en el país e inclusive de manera internacional”, apuntó.
Participaron en los trabajos la legisladora Jéssica Cabal Ceballos; Raquel Barajas, de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado; Gloria Jasso Bravo, Magistrada del Supremo Tribunal de Justicia y de la Fiscalía General, Elizabeth Durán.
En otro tema, la Comisión de Justicia aprobó la metodología de análisis de la iniciativa que presentó el Grupo Parlamentario del PAN, mediante la cual se crea Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el Estado y de derogación del artículo 264 del Código Penal del Estado.
