“Con esta nueva ley continuaremos transformando la realidad de quienes tienen mayor necesidad de políticas y programas de asistencia social”: Dip. Alfonso Borja.
Guanajuato.-
A nombre del GPPAN, en sesión de la Diputación Permanente, el diputado local Alfonso Borja, presentó una nueva Ley de Asistencia Social y Fortalecimiento Familiar para el Estado de Guanajuato.
Al hacer uso de la voz, el legislador recordó que en casi cuatro décadas no se ha modificado la legislación en materia de asistencia social, por lo que consideró necesario trabajar en una nueva ley que sea acorde a las necesidades actuales.
“Nuestra legislación actual en la materia no refleja ni desarrolla principios básicos en materia de derechos económicos sociales y culturales como los de dignidad humana, pro persona, no discriminación, integralidad, interdependencia, inclusión, accesibilidad y progresividad. Además, se utilizan términos que no resultan aceptables bajo un enfoque de derechos humanos”, acentuó.
En este sentido, precisó que la iniciativa en mención busca abrogar dos leyes vigentes: la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, cuyo origen se remonta a la década de los ochenta, y la Ley de Organizaciones de Asistencia Social para el Estado de Guanajuato.
Indicó que se busca incorporar principios en materia de asistencia social como son los de subsidiariedad, temporalidad, participación y planificación que son indispensables para el éxito de las intervenciones asistenciales, favorecen la autonomía de las personas y las familias, y evitan fenómenos como la disolución de procesos familiares.
Mencionó que se regula lo relativo al Sistema de Asistencia Social y Fortalecimiento Familiar del Estado de Guanajuato, además de dar base legal a los sistemas DIF municipales que son una de las piezas de mayor importancia en esta materia al ser el primer espacio de contacto con los ciudadanos.
Asimismo, expuso que la propuesta pone particular cuidado en señalar que las responsabilidades en materia de asistencia social, lejos de concentrarse en una sola institución, exigen la participación de un sistema de organismos públicos y privados a fin de articular las políticas y acciones bajo una perspectiva de familia que tome como punto de partida un enfoque de derechos.
También, dijo, se pretende fortalecer las normas que regulan a las organizaciones de asistencia social, pues es preciso evitar que existan prácticas que distorsionen el uso de la institucionalización y en todo caso procurar su uso excepcional, temporal y subsidiario.
“No se trata sólo de la adecuación de la norma o su necesaria actualización, sino de la construcción de un sistema legal que empodere a personas en condiciones de vulnerabilidad”, añadió.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Salud Pública para su estudio y dictamen.
