Guanajuato.-
A nombre de las y los diputados del PAN, la legisladora Martha Hernández Camarena presentó un punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal, a fin de que investigue y sancione a las personas responsables de la muerte de 40 migrantes en el incendio ocurrido el pasado 27 de marzo en instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez.
“El presente punto de acuerdo es dirigido a solicitar que no quede en impunidad y que se tomen las medidas necesarias para que no se repita en ninguna parte de nuestro país”, indicó.
Agregó, que los migrantes procedentes de Guatemala, Venezuela, El Salvador, Honduras y Colombia, fueron detenidos y trasladados a este centro de detención por no contar con los papeles de legal estancia en nuestro país en regla y ninguno estaba acusado por algún delito.
Hernández Camarena lamentó que ante el incidente que se suscitó por una protesta al interior, el personal que custodiaba el lugar no hizo el mínimo esfuerzo por apagar el fuego o, cuando menos, rescatarlos, y fue hasta que llegaron los bomberos cuando se ayudó a los sobrevivientes.
Agregó, que el PAN se pronuncia porque se investigue y se haga pública la información del cómo es que se adquirieron las colchonetas que no tenían la característica de no ser inflamables y la razón de que no hubiera ningún extintor, ni las medidas de precaución para reaccionar ante una situación como la que se presentó.
“Exigimos que se explique y se informe a la ciudadanía las condiciones en las que estaban operando estas instalaciones, que no son para nada un refugio, albergue o una instancia que operará con respeto a los derechos humanos de las personas migrantes”, citó.
La legisladora Martha Hernández criticó que la Fiscalía General de la República solo ha dado escuetas teorías del origen del incendio, “el fuego se extendió de manera veloz y sin ningún tipo de reacción del personal de las instalaciones federales, lo que constituye claramente una violación a los derechos humanos de las personas migrantes detenidas”.
También evidenció que la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA, contratada por el INM, incurrió en al menos 9 omisiones y en diversas irregularidades, violando el contrato que le fue otorgado por adjudicación directa.
“Resulta urgente aclarar esta situación y que se informe a los 32 congresos locales y a la opinión pública el estado que guardan otras instalaciones similares en todo el país y se sancione a todos los mandos responsables de haber llegado a esta situación y sus terribles consecuencias, para que no se repita una situación como la vivida en Ciudad Juárez y en ninguna otra entidad del país”, concluyó.
La propuesta de punto de acuerdo fue turnada para su estudio y análisis a la Comisión de Atención al Migrante.
