- Buscamos que los servidores públicos cuenten con herramientas para actuar con el mayor nivel de eficiencia: diputada Noemí Márquez
GUANAJUATO. –
“Los diputados del PAN buscamos que los servidores públicos cuenten con las herramientas necesarias que permitan a los funcionarios actuar con el mayor nivel de eficiencia, eficacia y efectividad”, dijo la diputada Noemí Márquez Márquez.
La legisladora habló a favor del dictamen, que luego fue aprobado por el Pleno del Congreso local, para reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; complementa los requisitos para ser Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Juez, Secretario de Estudio y Cuenta y Actuario del Juzgado Administrativo Municipal.
Además, abona a la transparencia para el nombramiento del Juez Administrativo Municipal, a través de la reforma a la Ley Orgánica para el Estado de Guanajuato.
Precisó que, a la entrada en vigor de este decreto, quienes pretendan ocupar los cargos de Secretario de Ayuntamiento, Tesorero o Juez Municipal deberán contar con título profesional al momento del nombramiento, y al menos experiencia de 3 años de ejercicio profesional, eliminando así la ocupación de estos cargos por perfiles sin formación profesional.
“Con esta reforma, pretendemos que los titulares de estos cargos sean personas con conocimientos sólidos en sus respectivas ramas profesionales, evitando así la pérdida de tiempo en el ejercicio de gobierno, por lo que representaba la “curva de aprendizaje” de quienes no contaban con formación profesional”, dijo.
Resaltó que el dictamen, también dispone que quienes deseen asumir estos cargos, deberán con residencia efectiva en el municipio no menor a 3 años previos a su designación.
La diputada Noemí Márquez resaltó que en esta reforma se establece un procedimiento de designación, de los jueces administrativos municipales, que deberá garantizar una convocatoria pública para la participación de la ciudadanía en particular y de la sociedad civil organizada.
Además, quienes acrediten formación especializada en materia administrativa o fiscal, gozarán de mayores posibilidades para ocupar los cargos de Juez y Secretario de estudio y cuenta.
“Con esta reforma, también cerramos la puerta a aquellos funcionarios que previamente hayan sido condenados por delito intencional, que amerite pena privativa de la libertad de más de un año… pero si dichas imputaciones fueron por robo, fraude, falsificación, abuso de confianza o enriquecimiento ilícito, cometido contra la administración pública, quedarán automáticamente descartados para ocupar dichos cargos”, concluyó.
