“Es necesario recuperar la tranquilidad de las familias guanajuatenses; es nuestra prioridad, porque solo con seguridad y con un pleno ejercicio del Estado de Derecho, los individuos y las comunidades tienen la certeza que les permite progresar y planear a futuro”, enfatizó en su mensaje en tribuna la diputada Cristina Márquez Alcalá.
GUANAJUATO
Esto, al presentar a nombre del Grupo Parlamentario del PAN la iniciativa que plantea el combate a aquellas conductas conocidas coloquialmente como “halconeo”.
Refirió que por medio de esta actividad, las redes del crimen organizado pretenden obtener información privilegiada, con el fin de utilizarla para conocer y avisar a terceros la ubicación y movimientos de los operativos en su contra, propiciando un clima de incertidumbre y poniendo en riesgo la integridad física de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, además de incentivar el involucramiento de las comunidades en actividades ilícitas, lo que resulta en una mayor descomposición del tejido social.
Márquez Alcalá refirió que la iniciativa reforma y adiciona el artículo 222-a de la Constitución local, e incorpora un nuevo ordinal al Código Penal.
Precisó que en el caso del artículo 222-a, el objetivo es establecer una pena mayor a los servidores públicos integrantes de las instituciones de seguridad del estado y los municipios que faciliten información para la realización de las conductas que hemos señalado, así como, para establecer la inhabilitación para los servidores públicos que participen de estas conductas.
En el caso del artículo 222-b, la intención es que de manera directa sancione con hasta 7 años y medio de prisión y 75 días multa a las personas que sean encontradas culpables de acechar, vigilar o proporcionar información sobre las actividades oficiales o personales de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, cuando esta vigilancia sea con la finalidad de entorpecer o evitar el cumplimiento de sus funciones, ocasionarles un daño o cometer un delito.
La diputada Cristina Márquez destacó que la pena propuesta se agravará en el caso de que la actividad sea cometida por exintegrantes de las instituciones de seguridad pública, en cuyo caso se impondrá además, la inhabilitación para ocupar cargos públicos hasta por diez años; se utilice a menores de edad o a quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, o posea o porte, uno o varios equipos o artefactos que permitan la intervención, escucha o transmisión de datos con respecto a canales de comunicación oficiales de instituciones de seguridad pública.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.
