Nuestra prioridad como representación social está dirigida a salvaguardar la atención, la seguridad
La PGJE no negoció, ni negociará con el inculpado los cargos, ni la agilización del proceso, en el caso de la Joven Lucero.
Guanajuato
En relación a las declaraciones realizadas por la Señora Verónica Cruz durante el programa “Conclusiones” de la cadena CNN en español, mediante las que, según se resalta en notas periodísticas publicadas el día de hoy, aseveró que en el caso de la joven María de la Luz Salcedo Palacios, la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Poder Judicial, acordaron con el inculpado y su defensa, abreviar el proceso para que aceptara los cargos que se le imputaban, afirmando que se constató que existe una negociación entre el Ministerio Público y el acusado para agilizar el proceso mediante la aceptación de los “cargos menores que le fueron fincados”, se realizan las siguientes aclaraciones a la opinión pública:
Carecen de sustento y, por tanto, esta Procuraduría General de Justicia niega rotundamente las imputaciones realizadas en tal entrevista. No se ha “negociado”, ni se negociará con el inculpado y su defensa. El trámite substanciado, corresponde a los principios y reglas del Sistema Procesal Penal Acusatorio, y la calificación jurídica otorgada a los hechos obedece exclusivamente a lo actuado en la Carpeta de Investigación al formular imputación, basados en la verdad legal.
Respetamos las diversas opiniones y el derecho de libertad de expresión de todo ciudadano, pero pugnamos porque el mismo se realice con objetividad y de manera informada, pues con mentiras no se avanza en el tema; no resulta válido realizar imputaciones falsas, descalificaciones sin sustento, ni aseveraciones artificiosas.
El derecho a una vida libre de violencia de la Mujer y los derechos y las legítimas exigencias de las víctimas del delito, no deben mancharse con calumnias e intereses que no abonan en la materia ni en beneficio de quien realmente sufre la afectación de un delito; la lucha por una vida libre de violencia de la Mujer, exige seriedad, objetividad, certeza y responsabilidad.
Nuestra prioridad como representación social está dirigida a salvaguardar la atención, la seguridad, la reparación del daño y el acceso a la justicia de la parte ofendida, y, necesariamente, a lograr una sentencia condenatoria justa en contra del inculpado.
Es importante apuntar que a lo largo de la investigación, para hacer efectivos los derechos de la ofendida, entre otros actos, se hizo de su conocimiento y explicaron sus derechos, se sometió a su consentimiento la valoración médica y psicológica para efectos de peritaje – dictaminación médica y psicológica, diversa a la atención médico-psicológica a que tienen derecho en su calidad de víctima de un delito-, a la par, se especificó y puso a su disposición la asistencia médica y psicológica integral a través de la Coordinación de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delitos, se decretó de inmediato medida de protección para garantizar su seguridad, se le han notificado los acuerdos y determinaciones ministeriales; asimismo, la ofendida nombró asesores jurídicos, quienes le acompañaron durante la audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso, se formuló imputación contra el inculpado, se solicitó prisión preventiva y hemos apelado la negativa de otorgarla; se solicitaron diversas medidas cautelares en contra del inculpado, se formuló objeción inmediata ante manifestaciones realizadas por el Defensor Particular del inculpado, relativas a la vida personal de la ofendida, logrando que la Juez accediera y reconviniera al abogado particular; se ha priorizado la seguridad de la víctima y la reparación del daño, etc.
Asimismo, es de precisar que en momento alguno se ha pretendido o impulsado por el Ministerio Público un procedimiento abreviado. El asunto seencuentra en etapa de investigación complementaria, otorgándose un plazo de 2 meses para agotarla; tras ello, el Ministerio Público con base en los resultados de la misma procederá a formular acusación.
Estamos abiertos a la retroalimentación y al escrutinio. Con esa visión, hemos hecho patente el compromiso y apertura con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, remitiéndoles desde días pasados, comunicados a sus respectivos Titulares refrendando la voluntad y total disposición de coadyuvar en el cumplimiento de sus funciones, y el interés y respaldo para que se revise a profundidad el caso.
La Procuraduría General de Justicia del Estado está para servir a la sociedad, para recibir y dar cauce a las demandas de la ciudadanía, y atender al interés de las víctimas y ofendidos del delito. Por ello, en este caso, nuestro compromiso es con María de la Luz, y sus familiares, rotundamente condenamos los hechos de violencia de que fue objeto, y con esa convicción, seguiremos trabajando con firmeza y apego a derecho, para que se aplique la Ley y el responsable reciba la sentencia que merece
